"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
La Junta de Castilla y León presentará el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad antes de julio
29/03/2012
El Consejo de Gobierno fue informado este jueves por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad. Los trámites administrativos ya están cerrados y, de este modo, el texto será remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos para que el Consejo de Gobierno lo envíe a las Cortes de Castilla y León antes de que finalice el actual periodo de sesiones, en el mes de julio.
El futuro texto legal garantizará la máxima autonomía personal de este colectivo a lo largo de todo su ciclo vital. Esta ley constituye uno de los compromisos de legislatura del Gobierno autonómico, según asegura el Ejecutivo regional.
Las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3% de la población que reside en esta comunidad-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla, dispondrán de un "estatuto jurídico" propio que garantice una real igualdad de oportunidades, la efectividad de sus derechos y deberes, así como la máxima autonomía personal a lo largo de todo su ciclo vital y, en consecuencia, una mayor calidad de vida.
La futura Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad, que consta de 77 artículos y que ha sido consensuado con el CERMI, ha superado ya los trámites administrativos para su remisión al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos para que el Consejo de Gobierno envíe el texto legal a las Cortes antes del mes de julio.
El texto supone un avance fundamental en el compromiso que mantiene la Junta de Castilla y León con la atención y promoción de este colectivo. La principal ventaja de esta ley es que se logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
Se establecerá, para ello, una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas competencia de la Administración Autonómica: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente.
Para lograr una planificación coordinada de todas las actuaciones, la Junta se dotará de dos instrumentos de planificación: un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y un Plan Regional de Accesibilidad, que orientará los programas y actuaciones de la Junta y de las entidades locales.
El objetivo que persigue la futura Ley es proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo vital -prevención, educación, empleo, integración social-, y por facilitarles el ejercicio de su poder de decisión y su participación activa en la vida de la comunidad.
La Ley pretende mejorar los recursos y la atención de las personas con discapacidad durante toda su vida, así como la eficacia en todos los entornos -educativo, laboral, cultural o de ocio-, superando el ámbito de los Servicios Sociales de carácter asistencial para considerarlos como auténticos derechos subjetivos.
La futura Ley recoge un nuevo enfoque de la atención a las personas con discapacidad, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de participación y de promoción de la autonomía personal, además de la transversalidad, la inclusión y la responsabilidad pública. No se trata de reconocer nuevos derechos para las personas con discapacidad, más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales, sino de garantizar un proyecto de vida que implique el máximo grado de autonomía personal, su integración sociolaboral y su participación en la sociedad.
Para dar una respuesta efectiva y adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad se requiere una actuación coordinada tanto en el ámbito estatal y autonómico, como en el provincial y en el local, donde jueguen un papel decisivo los servicios sociales, la sanidad, la educación, el empleo, la cultura, el ocio y el deporte.
Medidas que se contemplarán en la Ley
La futura Ley contemplará medidas contra la discriminación y acción positiva en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, así como actuaciones de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.
Sanidad. La Ley garantiza una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.
Educación. Se garantizará una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario. También establecerá mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo. Potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.
Empleo. Para lograr la inserción laboral, la Ley recoge el compromiso de elaborar un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. Junto a esto, se prevén planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, estableciendo medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.
Servicios Sociales. Las personas con discapacidad podrán participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los servicios sociales. Y cada persona usuaria podrá tomar sus decisiones y hacer un seguimiento de las actuaciones que les afecten.
El nuevo texto legal garantizará una atención personalizada mediante la valoración del conjunto de las necesidades que presente y la planificación de caso e individualización de la intervención.
Los niños y niñas con discapacidad o con riesgo de padecerla contarán con atención temprana, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos. Se apoyará a las personas con discapacidad sobrevenida y las familias y personas cuidadoras recibirán apoyo. Además se impulsarán medidas que favorezcan la conciliación en las familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.
La Ley contempla prestaciones materiales y productos de apoyo para las personas con discapacidad y sus familias, como complementos y soporte a las prestaciones de servicio, orientada a mejorar la accesibilidad, autonomía personal y la adaptabilidad del entorno. El objetivo es que cuenten con una adecuada cobertura de sus necesidades personales básicas, para promover su autonomía y bienestar y asegurar su derecho a vivir dignamente.
Sensibilización e información. Otra de las medidas incluidas en el texto legal tiene que ver con actividades de sensibilización e información dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad castellana y leonesa en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Se luchará contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias, y se promoverá la igualdad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación social.
Accesibilidad. Se impulsará una política de gestión integral de la accesibilidad universal, que comprenderá la accesibilidad en el entorno (regulando expresamente la utilización de animales de asistencia y de terapia), en la vivienda, en el transporte, la comunicación, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
Participación. La Ley persigue la participación de la iniciativa social en las políticas para las personas con discapacidad, así como la participación de la iniciativa privada en la gestión y provisión de prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.
Planificación. La futura Ley contempla una planificación específica para desarrollar, de una forma organizada las actuaciones, mediante un "Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León", además de un "Plan Regional de Accesibilidad Universal".
La discapacidad, en cifras
En 2011 había 161.183 personas con discapacidad en Castilla y León, de las cuales, el 49% eran mujeres y el 51% eran hombres. La prevalencia de la discapacidad sobre el total de su población es del 6,30%, afectando especialmente a las personas entre 55 y 84 años, con un índice superior al 8%.
Las características de la población de Castilla y León -baja densidad demográfica debido a su extenso territorio, concentración en núcleos urbanos y consiguiente despoblación y dispersión en el ámbito rural- ha planteado la necesidad de idear y desarrollar prestaciones y recursos adecuados a la demanda de las personas con discapacidad que viven en estas zonas, sin perder de vista la necesidad de optimizar y racionalizar al máximo los recursos existentes. De hecho, cerca de la mitad de las personas con discapacidad viven en entornos rurales -el 45%-.
Además, el grupo de personas con discapacidad se caracteriza por su heterogeneidad, con necesidades específicas de apoyo en función de la problemática concreta que, en cada caso, impliquen las limitaciones en su actividad y participación.
Todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos y, por tanto, necesidades diferentes. El 58,05% de las personas con discapacidad presentan una discapacidad física, el 14,65% una discapacidad por enfermedad mental, el 11,72% son personas con discapacidad intelectual, el 8,81% presentan una discapacidad visual y el 6,76% una discapacidad auditiva.
Castilla y León dispone de una red para personas con discapacidad formada por 489 centros -308 Residencias y viviendas y 181 Centros Ocupacionales y de Día- que ofrecen 14.437 plazas -5.924 en Residencias y 8.513 en Centros Ocupacionales y de Día-. Esta oferta se ha incrementado en un 21% respecto al número de plazas existentes en 2007, es decir 2.519 plazas más -1.032 en residencias y 1.487 en centros ocupacionales o de día-.
